Estas recomendaciones permitirán a los organismos compradores, realizar un análisis previo para determinar si un bien o producto cumple con criterios de sustentabilidad, observando principios de ahorro, eficacia y eficiencia.
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Frente a autoridades y directores de 50 servicios públicos, el subsecretario de Medio Ambiente, Marcelo Mena, y la directora de ChileCompra, Trinidad Inostroza, presentaron la directiva de contratación N°25, de criterios ambientales y de eficiencia energética para la adquisición de vehículos, lámparas, papel y productos de calefacción.
Los productos contemplados en la directiva tienen una alta demanda y al mismo tiempo cuentan con una industria que ha ido incorporando condiciones verificables en el uso eficiente de energía como en la sustentabilidad del producto. Es así que durante 2015, se transaron aproximadamente US$47 millones de dólares por compras de lámparas, focos y ampolletas; US$365 millones de dólares por concepto de vehículos a motor; US$462 millones de dólares en productos de papel y cerca de US$16 millones de dólares por piezas, accesorios y equipos de calefacción.
“Las contrataciones públicas son un brazo que permite apalancar políticas públicas. Es decir, a través de las compras públicas entregamos apoyo a líneas de acción como es la inclusión, equidad de género, acceso y apoyo a la microempresa, a políticas de producción limpia y eficiencia energética, entre otras”, explica la directora de ChileCompra Trinidad Inostroza. Entre enero y junio de 2016, se han transado US$4.834 millones de dólares a través del mercado público.
Consumo eficiente
La directora, agregó que “tenemos el desafío de seguir trabajando con los compradores, los tomadores de decisión de los 850 organismos que realizan sus contrataciones a través del sistema con el fin de fomentar el consumo eficiente y sustentable de servicios y productos más respetuosos con las personas y su entorno”.
En las contrataciones del Estado participan 124 mil empresas proveedoras ofertando bienes y servicios a 800 servicios públicos. Para el subsecretario de Medio Ambiente, “dada la envergadura del sistema y su impacto, este puede y debe transformarse en el referente que fomente un desarrollo económico más sostenible e inclusivo en el país. Estas nuevas directivas permiten tomar la decisión de compra asociada no solo a factores económicos, sino también sociales y ambientales, por lo tanto, constituyen una clara señal que desde el Estado estamos empujando el país hacia un economía verde”.
Asimismo se refirió a los convenios marco como herramienta que ha permitido realizar una mejor gestión en las adquisiciones, como ha sido el caso del Programa de Recambio de Calefactores del MMA. “Posibilitar la adquisición a través de un convenio marco, considerando todos los tipos de calefactores, es una tremenda herramienta no sólo para el Ministerio del Medio Ambiente sino para que cualquier otro ente inscrito en ChileCompra, pueda hacer una compra de este tipo de artefactos menos contaminantes. Entonces damos la oportunidad para que gobiernos regionales, municipios u otros servicios se sumen a esta medida estrutural que considera recambios en torno a los 200 mil calefactores, para descontaminar las ciudades”.
Adquisición de productos
El documento entrega orientaciones que permiten al organismo comprador realizar un análisis previo para determinar si el bien o servicio a adquirir, cumple con criterios de sustentabilidad ambiental y un adecuado equilibrio entre las consideraciones técnicas y económicas, que en consecuencia generen menos impacto negativo en el medio ambiente. Eso es posible, observando los principios de ahorro, eficacia y eficiencia, los que deben tenerse siempre en consideración en materia de contratación pública.
Dentro de las consideraciones generales figura el impacto ambiental bajo (verificable mediante el uso de sellos), etiquetas y/o certificaciones, nivel de eficiencia energética u otras; costos de operación del producto o servicio, (según la información disponible); costos de mantención o reposición que requiere el producto para su correcto funcionamiento; costos o convenios de disposición final de productos o residuos generados.
Se suma además, que la empresa y/o industria productora del bien a adquirir cumpla con estándares de producción limpia, validado mediante certificaciones públicas y reconocidas. Y, finalmente, que los beneficios de adquirir un producto sean superiores a los costos sociales de ello, por ejemplo, los efectos sobre la salud de la población, asociados a la emisión de contaminantes.
Asimismo, la directiva promueve el uso de herramientas desarrolladas por los Ministerio de Medio Ambiente y de Energía, que facilitan la toma de decisiones entregando información actualizada, clara y precisa sobre las condiciones ambientales y de consumo energético, como las webs www.consumovehicular.cl y www.calefaccionsustentable.cl, que son de gran utilidad para los organismos públicos y la ciudadanía.
Respecto de cada producto, en términos generales, señala los siguientes criterios al momento de realizar el análisis:
Lámparas: eficiencia energética, tecnología empleada, vida útil, contenido de mercurio.
Vehículos: eficiencia energética, tipo de uso, nivel de emisión de gases de efecto invernadero, nivel de emisiones de contaminantes locales.
Papel de impresión: procedencia de materia prima para la fabricación del papel, contenidos de fibra reciclada, contenido de cloro.
Productos de calefacción: este considera etapas como aislación térmica (dependiendo si es edificación residencial o de uso público; reparación de filtraciones; tipo de techumbre, muros y ventanas); sistema de calefacción y tipo de combustible, por ejemplo, utilización de leña certificada.
La directiva N°25 y sus implicancias fue presentada ante autoridades de 50 organismos públicos, como parte un programa de acreditación de jefes y directores de servicio, que cada año realiza ChileCompra, y que tiene como objetivo promover una mayor eficiencia en las contrataciones y evitar potenciales irregularidades.
Presentan nueva directiva para la contratación de bienes y servicios públicos con criterios ambientales
