Normativa ya comenzó a regir.
La arquitecta y experta en ergonomía de la Universidad de Santiago María José Araya afirma que si bien el nuevo decreto representa un avance, debió haber considerado también a los edificios privados y mayores tiempos en las aperturas de puertas en el Metro, entre otros aspectos.
Asimismo destaca que la iniciativa implicará un impacto económico real y considerable para los municipios, que deberán incorporar estos cambios.
Por Andrés Zanetti Aránguiz
Una nueva norma que regula el acceso universal para personas con discapacidad comenzó a regir en espacios públicos nuevos o aquellos existentes que se remodelen, además de todo edificio de uso público y edificaciones colectivas.
Al respecto, María José Araya, arquitecta de la Universidad de Santiago y experta en ergonomía -disciplina que aborda el diseño y adaptación de espacios según las características de su usuario-, valora la normativa como un avance, pero sostiene que hay situaciones que no se consideran y que son parte de la cotidianeidad, como la velocidad de la vida en Santiago.
“Así como el decreto se refiere al tiempo de los semáforos, se debieron incluir, también, entre otras consideraciones, el tiempo de apertura de las puertas en los carros del Metro y la velocidad del transporte público”, sostiene.
Pese a que reconoce que la norma, que se enmarca en la Ley de Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad, abarca una gran cantidad de aspectos a corregir en obras existentes, “sí hay puntos sobre traslado que a simple vista no se tocan”, advierte.
Además, precisa que el decreto debería extenderse a edificios privados “porque no solamente hablamos de accesibilidad universal a la atención de público. Los accidentes pueden pasar en cualquier empresa y en cualquier lugar”.
La académica explica que alcanzar a comprender el concepto de accesibilidad universal requiere que exista una interacción entre dos mundos que caminan en forma paralela, que son el entorno o el proyecto urbano en sí y las edificaciones.
“Si una persona con movilidad reducida no puede cruzar la calle para pasar de un edificio público a otro, esa accesibilidad se ve interrumpida y eso depende de la municipalidad respectiva; de cómo trabaja sus veredas y sus cruces peatonales, y del concepto del tiempo y los sonidos en los semáforos para los discapacitados visuales, por ejemplo”, indica.
Consultada respecto a si la ordenanza debió considerar estos aspectos antes de su puesta en marcha, la académica destaca que la elaboración de la norma contempló la participación de diversos actores en distintas instancias, “solo que faltó más diálogo profesional”.
“A mí parecer, está bien comenzar por una parte, porque es mucho a modificar. Lo fundamental será el cumplimiento efectivo que estipula la norma, que seamos serios con los nuevos proyectos y que exista fiscalización efectiva. Está en manos nuestras ir más allá de la norma y no solo cumplir”, reconoce.
Impacto económico
Al incorporarse en la ordenanza los espacios públicos, la arquitecta proyecta que habrá un impacto económico real y considerable en los municipios para poder concretar estos cambios, aunque descarta que las constructoras e inmobiliarias aumenten sus gastos en las adecuaciones a los proyectos nuevos.
La especialista reconoce que aún en Chile no hay una cultura respecto a cómo enfrentar la discapacidad, pero estima que con este tipo de ordenanzas es posible revertir ese problema aunque en un largo plazo.
“Esto no es fácil porque no tenemos culturalmente arraigado el concepto de accesibilidad universal. No solo en las escuelas de arquitectura, sino que -incluso- a nivel escolar, porque no hay una enseñanza con respecto a la inclusión como concepto”, explica.
“Además hay que entender que seguimos siendo no inclusivos al momento de decir que las edificaciones tienen que ir con el sello de accesibilidad universal. Pero ese es un cambio a largo plazo”, enfatiza.
Cabe señalar que las multas por incumplir la ordenanza van desde la 10 UTM hasta las 120 UTM y que la fiscalización recae en el Director de Obras de la municipalidad correspondiente. Los edificios construidos entre 2010 y la entrada en vigencia de la norma -el 4 de marzo pasado-, tendrán tres años para adecuarse. También están contempladas las viviendas sociales del Minvu.
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