Una importante noticia hemos recibido hace unos días en relación a que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) publicó el Decreto de Accesibilidad (DS50 – 2015 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo), dando el cumplimiento a la Ley 20422 y sus principios de Accesibilidad, Diseño Universal y el Derecho a la Vida Independiente
El propósito de este Decreto es implementar de manera enfática y desde ahora en adelante la ruta accesible como eje articulador del espacio, donde la continuidad en los recorridos sea la base para garantizar la accesibilidad. Es decir, las personas deben poder llegar al lugar, acceder, usar, salir e informarse dentro del edificio o espacio público, independiente de su discapacidad.
Para Andrea Boudeguer, arquitecto, Directora Ejecutiva de BAU Accesibilidad Universal – empresa apoyada por CORFO -, señala que “los principales aportes del nuevo Decreto son de tal magnitud que no solamente se aplicará a los espacios públicos, sino que también a aquellos existentes que se remodelen, y todo edificio de uso público y todo aquel que sin importar su carga de ocupación, preste un servicio a la comunidad, así como también las edificaciones colectivas. Asimismo, están comprendidas las viviendas de los programas habitacionales del Minvu que se construyan para personas con discapacidad”.
Para edificaciones nuevas que tramiten su permiso de edificación deberán acogerse a los nuevos requerimientos, e incluir en el expediente un plano y memoria de accesibilidad suscrita por arquitecto.
Otro aspecto importante de destacar señala la arquitecto Boudeguer es “que la fiscalización recaerá en el Director de Obras, que podrá en cualquier momento, incluso después de la recepción del inmueble, fiscalizar en terreno el incumplimiento, los cuales serán denunciados al Juzgado de Policía Local. También habrá multas asociadas son las establecidas en el artículo 58 del título 6 de la Ley 20.422, que van de 10 a 120 UTM”.
Este importante avance para las personas con discapacidad obedece a que el MINVU en su variable de inclusión estaba revisando hace varios años este tema sin poder dar con el documento final que a partir del viernes 5 de marzo, ya es oficial. La Ley 20.422 sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad, de febrero de 2010, establece en su artículo 28 que “todos los edificios de uso público (…) deberán ser accesibles y utilizables en forma autovalente y sin dificultad por personas con discapacidad, especialmente por aquellas con movilidad reducida”, lo que deberá cumplirse en el plazo que dispone la ley.
Según El II Estudio Nacional de la Discapacidad, presentado por el Ministerio de Desarrollo Social – (MDS) -, en enero de este año, actualmente existen en Chile 2.606.914 personas con discapacidad, lo que corresponde a un 20% de personas mayores de 18 años que tienen algún tipo de discapacidad, en cualquiera de sus grados.
Asimismo, el Estudio de Accesibilidad Universal realizado por el Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS) el año 2013, señala que de los 740 edificios públicos que fueron catastrados, 546 no cumple con estándares mínimos de accesibilidad universal, y que sólo 138 cumplen con estándares de completa accesibilidad, mientras que 44 requieren ajustes menores.
Es importante recordar que para que este tipo de políticas públicas no tarden tanto tiempo en hacerse efectivas, es imprescindible un trabajo articulado e intersectorial con los distintos sectores que influyen en la toma de decisiones para llevar adelante este tipo de cambios que sin duda mejorarán la calidad de vida de miles de chilenos y sus familias que hoy no pueden circular tranquilamente por nuestras ciudades.
No debemos olvidar que uno de los compromisos de este Gobierno, apunta a la creación de una Subsecretaría de la Discapacidad, de manera de darle una institucionalidad distinta a la que hoy tiene el Servicio Nacional de la Discapacidad.
“Crearemos la Subsecretaría de la Discapacidad, que impulsará de manera transversal el tema teniendo como eje la integración y necesidades de las personas con discapacidad y sus familias”. (Programa de Gobierno, Michelle Bachelet, 2014 – 2018, página 182).
Se entiende que la creación de una nueva Subsecretaría requiere también, la debida asignación de presupuesto de una cartera de mayor rango, con facultad de fiscalización, y con personal profesional y técnico que tenga la expertiz y visión de levantar los problemas a nivel de Gobierno para su eficiente gestión.
Accesibilidad garantizada en los espacios públicos. Por Ximena Flores @FloresXimena de @micompartidas
