California se convirtió en el primer Estado en prohibir el uso de bolsas plásticas en sus ciudades en Estados Unidos, a través de del proyecto de ley firmado en Septiembre de 2014, mediante la cual se ordenan iniciativas de aplicación progresivas respecto de las bolsas de compras y su manejo como residuos sólidos.
Desde mi experiencia como consumidora y residente de una de las ciudades donde se implementa la medida, la iniciativa en un principio me recordó lo que pasaba en en Santiago de Chile hace unos años, cuando era cada vez mas frecuente ver compradores en el supermercado llevando sus bolsas retornables o bolsos para compras. Sin embargo, la responsabilidad de la disminución en el uso de bolsas de plástico en Chile estaba endosada exclusivamente hacia los consumidores, ya que los supermercados contaban (y cuentan) con empaques plásticos de distribución gratuita, no requiriendo ningún acto de planificación o intención alguna del cliente para usar menos bolsas. Por otro lado, la venta en tiendas de retail de bolsas reutilizables con mensajes impresos como “0% plastic” u otros no han demostrado influencia para generar un cambio sustancial en el uso de bolsas plásticas en el comercio, ya que en Chile se contabiliza un uso de 3.400 millones bolsas plásticas al año, de las cuales solo el 20% es reciclada según datos de Asociación de industriales del plástico ASIPLA.
Por otro lado, nuestro sistema en general no tendía a una implementación de la reducción, aparte de la gratuidad de las bolsas, éstas eran entregadas por defecto en las tiendas, cuando a veces ya era muy tarde para pedir que querías el producto sin empaque, o en el supermercado, aún llevando tu bolsa de compras o carrito, te envolvían todo igual en bolsas plásticas, y lo ponían en tu bolso. Insólito pero cierto.
También desde el año 2014, y similar al proyecto que busca eliminar las bolsas en California, en Chile, pero a nivel de gobierno local, municipios como Punta Arenas y Puerto Natales entre otros, buscaron un camino legal a través de la elaboración de ordenanzas municipales que prohíban el uso de estos plásticos en el comercio. Sin embargo, estas ordenanzas fueron declaradas inconstitucionales, ya que los municipios no cuentan con la facultad legal para prohibir estos elementos. Tal como señala la Constitución Política en el artículo 19, Nº8, la ley puede “establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente”.
Sin embargo, una forma de desincentivar el uso de bolsas por parte de los municipios es hacer que los locales comerciales cobren por las bolsas plásticas, y es así como se ha implementado la medida en Punta Arenas. Sin embargo, el éxito de la implementación también radicó en la instalación en los consumidores del hábito de usar bolsa reutilizable y llevarla al momento de hacer las compras, ya que las bolsas plásticas pueden seguir existiendo pero no pueden ser entregadas de forma gratuita. La facultad de los municipios está limitada a la sustitución pero no a la prohibición.
En forma similar, en San Francisco, cuando llevas tu propia bolsa a una de las cadenas de supermercado, te hacen un descuento de US$0.05 por cada bolsa reutilizable que llevaste. Por el contrario, tanto en supermercados como retail en general, recibes un cobro de US$0.10 por cada bolsa que se te entregó, aún cuando éstas son en general de papel reciclado, aunque en algunas tiendas aún se distribuyen bolsas de plástico. La entrega de bolsas plásticas es muy poco frecuente pero ocurre, considerando que la medida aún está en aplicación progresiva hasta Julio de 2015.
En la misma senda de la reducción de envases desechables y la utilización de elementos de larga duración, pero esta vez solo a nivel de ciudad, San Francisco ha impulsado un proyecto que prohíbe la venta de agua en botellas plásticas en propiedad pública. Esta medida convierte a San Francisco en la primera ciudad en el país en implementar una iniciativa de esta naturaleza. Sin embargo, lo interesante es que la prohibición va acompañada de la disposición de puntos de acceso público de agua para beber en las calles de la ciudad, e incluso en el aeropuerto, en donde los transeúntes puedan rellenar de forma gratuita sus botellas reutilizables. Una vez más, el comportamiento de los consumidores es moldeado con incentivos que a la larga conducen a un ahorro de recursos naturales, monetarios y reducción de residuos sólidos urbanos. Dicha iniciativa no solo se limita al espacio urbano: en la reserva natural Point Reyes, a 50 km de San Francisco, en la tienda de souveirs anexa al área de información turística existe un punto de llenado de botellas, el cual tiene un contabilizador que muestra los litros agua ahorrada por concepto de las botellas plásticas que no se han debido elaborar gracias a la utilización de botellas retornables. Este indicador es relevante, considerado que en Estados Unidos se generan 50 billones de botellas plásticas como residuo cada año.
Si bien en algún momento la problemática del exceso de bolsas como residuo fue abordado a través de campañas de sensibilización, quizá el cambio de comportamiento más concreto se puede lograr mediante una combinación de incentivos/sanciones económicas, por menores que éstas sean, pero que ayuden a la adopción de nuevos hábitos de consumo, o a resucitar antiguos artículos como la bolsa para ir a la feria existente en todas las casas hace algunos años.
Columna: La sostenibilidad y el bolsillo: cambiando hábitos de consumo. Por Paulina Ojeda, Socióloga, Magíster en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente y consultor en sostenibilidad
Paulina Ojeda Harvez: Socióloga, Magíster en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente y consultor en sostenibilidad. Entre los años 2008 y 2013 formó parte de la consultora GEQ y posteriormente del área de consultoría en sostenibilidad de Ernst & Young hasta principios de 2015. En ambas compañías se desempeñó en el diseño de estrategias de sostenibilidad, apoyo en relaciones comunitarias a compañías de diversos rubros, y abordó los aspectos relativos al medio humano en estudios de impacto ambiental para proyectos de inversión sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
