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Atendiendo al llamado que hace la ONU en esta fecha, para debatir cómo debemos gestionar los recursos hídricos en el futuro, cuatro académicos de nuestra Universidad, cuyas áreas de desempeño se relacionan directa o indirectamente con el uso del agua, coincidieron en que se trata de un tema prioritario para el desarrollo del país y que debe planificarse de manera nacional y sistémica.
Aldo Saavedra, del Departamento de Ingeniería Química, remarca que aunque hace 15 años que se adscribió la Declaración del Milenio de Naciones Unidas, firmada por 189 estados miembros , incluyendo a Chile, no se ha cumplido el compromiso global para reducir a la mitad el porcentaje de personas que carecen de agua potable o no tienen acceso a costearlo. Según un informe recientemente emitido por Unesco, todavía quedan en el mundo 748 millones de personas que no tienen acceso a agua preservada de contaminación y las primeras víctimas de esta situación son los pobres, los marginados y las mujeres. La propuesta de la ONU es que el tema se aborde a nivel regional, nacional y local.
“Lamentablemente, lejos de superar el problema, aumenta la escasez, y en el caso de nuestro país, la situación se está tornando dramática”, explica el profesor Saavedra, quien ha participado en reuniones y debates sobre este tema, donde se estima que desde la Región de Coquimbo al norte, ya no se trata de sequía, sino “derechamente de desertificación, que es un problema mayor”.
¿De quién es el agua?
El investigador de la Facultad de Ingeniería explica que hay aspectos relevantes para este tema en Chile, como la propiedad y uso de las aguas que se emplean en riego, procesos productivos y consumo humano. “El Código de Aguas, que data de 1981, básicamente le entregó al mercado el aprovechamiento de las aguas, asignando derechos de uso en forma gratuita y a perpetuidad, lo que, a mi juicio, es un hecho insólito. Este Código se debe terminar o ser profundamente modificado, porque no resuelve los problemas actuales; más aún, ha concentrado en pocas manos el usufructo de los recursos hídricos”.
Otro tema que el Dr. Aldo Saavedra propone para un profundo debate, se relaciona con la desalación del agua del mar, que no está integrado al Código de Aguas. “Es un tema grave y requiere de urgente análisis, ya que no existe marco legal y normativo que reglamente el uso de las aguas marinas”, alerta explicando que actualmente las plantas desalinizadoras existentes en Chile responden a iniciativas privadas. “La pregunta importante es ¿a quién le pertenece el agua de mar del borde costero?”.
No obstante, luego de la reglamentación para la construcción y uso de plantas desalinizadoras, le corresponde al Estado tomar la dirección del desarrollo a gran escala, orientado a una política de desalación, con energía de fuentes renovables no convencionales, que también contemple la salmuera residual de estas plantas. “Hablamos de cientos de miles de toneladas al día, ya que en mundo actualmente se están produciendo sobre 85 millones de toneladas de agua dulce a partir de agua de mar. Es un tremendo tema”, acota.
El Dr. Saavedra propone centralizar toda la gestión, uso, estudios y decisiones sobre el tema de los recursos hídricos. “Lo que cabe, es constituir es un organismo estatal único. Estamos en una situación grave de crisis y se ha hablado sobre la creación de una subsecretaría de recursos hídricos, pero probablemente en este contexto, pudiera ser casi un ministerio”.
De embalses y napas
Por su parte, la académica de la Facultad de Química y Biología e investigadora del área Física Química de Centro para el Desarrollo de la Nanociencia y la Nanotecnología (Cedenna), María Angélica Rubio, concuerda en que hace falta una proyección a nivel nacional de este tema. “Creo que el gobierno, no ha avanzado, quizá por falta de recursos, pero no tiene una política a largo plazo para enfrentar los ciclos climáticos como El Niño, La Niña y los años neutros”.
La Dra. María Angélica Rubio propone mecanismos para aprovechar las aguas provenientes de las lluvias, que hasta ahora se pierden y no se implementa tecnología para almacenarlas. “Considerando las estadísticas de años secos, se deberían implementar una política de desarrollo de embalses o mini embalses orientados a facilitar el regadío y asegurar el aspecto productivo y económico, permitiendo que agua le llegue a la gente”, señala.
Además, la investigadora recalca que debido al aumento en el uso de las aguas del subsuelo, estas reservas se están agotando y cada vez se deben cavar pozos más profundos (superando los 30 m.), con la complicación de que estas aguas contienen metales tóxicos, como arsénico y cadmio.
“Como químicos, tenemos un proyecto Corfo y una línea investigativa a través de Cedenna, en que tratamos de extraer algunos de estos metales. Ahora estamos en una segunda etapa para crear sistemas caseros de filtración, y ayudar a la población, pero eso sirve siempre que haya agua”, explica la académica.
Hasta ahora, la Dra. Rubio explica que las empresas de agua, en conocimiento de esta condición, diluyen las aguas de pozos muy profundos con aguas tomadas de fuentes no contaminadas, como el Río Maipo, por ejemplo, con el objetivo de alcanzar la norma y cumplir con los niveles seguros para las comunidades.
Explosión inmobiliaria
Por su parte, el académico de la Escuela de Arquitectura y presidente de la Asociación Chilena de Urbanistas, Jonás Figueroa sentencia que “no podríamos afirmar que este Día Mundial del Agua ha sido un motivo de celebración. Por el contrario, a los conflictos surgidos en el enfrentamiento de las comunidades con las empresas mineras por la disponibilidad del recurso, se suman otras situaciones que afectan la calidad y el abastecimiento del agua”, sentencia.
El arquitecto explica que “el estado en que se encuentran las riberas de los cursos fluviales del país, debiese motivar la atención de la sociedad”, con el fin de evitar situaciones que transformen estas piezas naturales en depósitos de basura. Y sumado a ello, critica “el débil control que ejerce la autoridad municipal sobre los efectos nocivos de la explosiva ocupación inmobiliaria del litoral central, motivados por un modelo de desarrollo urbano que destruye con poca sensibilidad ambiental la barra marítima y los humedales, lugares de una fauna y flora particular de gran riqueza natural y paisajística”.
El urbanista coincide con los demás académicos en que “se echa en falta una política nacional del agua y un plan nacional hidrológico, que pongan las reglas claras sobre la gestión de un elemento natural, cuya disponibilidad está siendo alterada drásticamente por eventos climáticos, por el modelo económico y la legislación imperante, también por la escasa atención que presta la sociedad sobre estos temas”.
Educación y Responsabilidad
El Director de Departamento de Gestión Agraria y director del Diplomado en Educación para el Desarrollo Sustentable del Programa RSU, Santiago Peredo, pone de relieve que aunque existen iniciativas para incentivar el uso sustentable del recurso entre los ciudadanos, “la idea es que cada actor social cumpla la cuota de responsabilidad que le toca, pero esto no tiene sentido, si los grandes usuarios de agua, como la minería y la agricultura, no cumplen su parte”. Pone como ejemplo lo “ridículo” que sería pedir a los habitantes de Caimanes que realicen un ahorro de agua, cuando la minera Los Pelambres alteró el curso fluvial en la cuenca del Choapa.
En lugar de eso, el ingeniero agrónomo propone que el gobierno inicie campañas de información, acceso y educación para la mejora de las prácticas en el área de la agricultura, una de las que mundialmente utiliza más recursos hídricos.
A juicio del académico se pueden promover estrategias que permitan hacer más eficiente el regadío y el uso de fertilizantes orgánicos para conservar las napas subterráneas libres de fertilizantes sintéticos. “El correcto uso, evitaría que el excedente contamine los pozos de agua, así como difundir sistemas de riego que mejoren la estructura del suelo. Es una mirada sistémica, que contempla una serie de prácticas concretas que en muchos casos, no se implementan, porque los agricultores, sobre el 50% en este país, no acceden a ellas por una cuestión económica. Entonces debería haber incentivos o subsidios, que permitan manejos agrícolas sustentables”, finaliza Peredo.