Advierten que prácticas asociadas al caso “Penta” se explican por la permisividad del sistema. La académica de la Facultad de Administración y Economía (FAE), Norma Muñoz, afirma que “los actores se relacionan con el cuadro institucional que existe y dependiendo de sus objetivos políticos lo aprovechan”, remarcando que para evitar sucesos similares “la institucionalidad debe renovarse”.
“La Fiscalía ha hecho algunos hallazgos que nos parecen pueden ser constitutivos de delito en términos tributarios”, afirmó Carlos Gajardo, fiscal a cargo de la investigación en el bullado “Caso Penta”. “La Información ha sido puesta a disposición del Servicio de Impuestos Internos para que ellos, de forma autónoma, decidan la interposición o no de denuncias o querellas”, agregó. El proceso con múltiples aristas, ha involucrado a políticos de la Alianza por Chile, como Pablo Zalaquett, Iván Moreira, Ena Von Baer y Laurence Golborne; y al ex candidato presidencial independiente Andrés Velasco, en la utilización de boletas fraudulentas para el financiamiento de sus campañas.
Aportes reservados
Según la académica de la Facultad de Administración y Economía (FAE), Norma Muñoz “por lo general las campañas políticas son bastantes caras y siempre se recurre a ayudas económicas. Lo que pasa es que son las leyes de los países las que varían”. En Chile, existe la ley 19.884 “Sobre Transparencia, Límite y Control del gasto electoral”.
Conforme a dicha disposición, los aportes reservados son donaciones que se hacen a un postulante, “que represente menos del diez por ciento del total de gastos que la ley autoriza a un candidato o partido político”. Los montos máximos dependerán de la clase del cargo a la cual se presente. Por ejemplo, para las elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros regionales de noviembre del año pasado, los montos estribaban entre las 20 y las mil 500 UF, dependiendo de la dignidad a la cual se aspirara.
Conflictos de interés
El grupo Penta, cuyos accionistas mayoritarios son Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín -inculpados en el caso- cuenta a su haber con inversiones en el ámbito previsional, AFP Cuprum; en el de seguros y rentas vitalicias, Penta Vida y Penta Security; en el financiero, Banco Penta y en el de salud, isapre Vidatres. Además, en el plano de la educación, hay una estrecha relación con la Universidad del Desarrollo.
“Es ahí en que empiezan los conflictos de interés”, afirma Norma Muñoz al analizar los servicios en que se desenvuelve el holding empresarial. “¿Por ejemplo, si soy defensor de la naturaleza voy a aceptar financiamiento de una empresa que está destruyendo la Patagonia?”, se pregunta. Además -puntualiza- “Queramos o no, se establece una relación entre los financistas y las personas que son financiadas. Por eso -concluye- que, en general, los países regulan el tema a través de una ley de lobby.
¿Qué es el lobby?
El lobby es una acción sufragada por personas u organismos, nacionales e internacionales, que buscan impulsar, proteger y representar sus intereses e influir en la toma de decisiones de las autoridades respecto a temas que pudiesen afectarles. Por esto, una ley que regule aquella relación, robustecerá la transparencia y la probidad dentro del sistema público.
El 8 de marzo de este año fue publicada la Ley 20.730, que “regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios”. Su aplicación quedó condicionada a la elaboración de un reglamento que recogió las impresiones de la ciudadanía al respecto.
Según Norma Muñoz, en Chile se necesita leyes que apoyen la transparencia pues, el financiamiento privado de las campañas políticas “es una relación que ha existido siempre”. Por eso la promulgación de normativas que regulen estas prácticas, a juicio de la académica “entregará mayor información a las personas para decidir por quién votar”.
“La institucionalidad debe renovarse en muchas cosas”, cree la investigadora. Por ejemplo, “no existen los defensores públicos”, reclama. “El Estado debería proveer una institución que esté dedicada a proteger sus poderes y si están funcionando mal, que haga algo”, concluye.
El sistema lo permite
Para Norma Muñoz, las prácticas alrededor del “Caso Penta” se deben a que están inmersas en un sistema que lo admite. “Los actores van a relacionarse con el cuadro institucional que exista y dependiendo de sus objetivos políticos van a aprovecharlo. Si éste les permite ocultar dineros, quizás de empresas no muy bienvenidas, lo van a hacer”. Es ahí donde se necesita reformar, explica la académica. “Uno puede decir ‘pucha que malo que lo haga’, pero si el sistema se lo permite… Tú puedes decir que está al límite de la legalidad, pero es legalidad al fin y al cabo”, reflexiona.
“Como imagen es pésimo”, afirma Norma Muñoz. Las personas “tienen las mejores intenciones con los políticos que eligen y esperan de ellos una conductairreprochable”, agrega. “Los empleados públicos deben cumplir la ley y ser moral y éticamente intachables. Finalmente reconoce que si bien puede tener un impacto negativo, el ciudadano local tiende a ser frágil de memoria. Cuando la figura se rompe “puede ser duro, pero culturalmente en Chile somos buenos para darle hartos minutos al tema y después olvidar”.
